El discurso del gobernador Miguel Riquelme es consecuente con una elección ganada por un margen de 2.5 por ciento y además impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJPF), cuyas resoluciones no siempre se apegan a la legalidad, sino a consignas. La reforma propuesta por el presidente López Obrador pretende erradicar esos vicios.
Riquelme ha dedicado dos años a cubrir el déficit de legitimidad derivado de las urnas, donde el PRI fue castigado por los desmanes del moreirato, todavía impunes. Los 35 mil votos faltantes para lograr la primera alternancia se hubieran excedido si las oposiciones se unen para enfrentar al aparato que además del presupuesto controlaba al Instituto y al Tribunal Electoral del Estado.
La manifestación masiva del 6 de junio de 2017 en Saltillo contra los Moreira y la manipulación del proceso debió haber convencido a Riquelme de que las cosas no podían seguir igual, y de que la prioridad de su Gobierno debía ser conciliar a una entidad polarizada por unos comicios que dieron más votos a otras opciones.
Imposible sustraerse de esa realidad y ocultar los efectos de la megadeuda en el rendimiento de la Administración. Una vez en el poder, igual pudo haber sido tentado por el espíritu revanchista que se apoderó de Humberto Moreira, o ensoberbecerse como Rubén, pero entendió el mensaje de las urnas y prefirió la mesura. Cualquiera otra vía habría enconado aún más al estado y lo hubiera vuelto ingobernable.
El resultado de dos años dedicados a la ardua tarea de armonizar a una sociedad agraviada, de apertura a los agentes y sectores perseguidos por el moreirato y de respeto a los alcaldes de oposición, a los medios de comunicación y a los críticos del poder, se apreció en el informe de Riquelme en Torreón, más que en el Congreso, por ser La Laguna la región donde su partido perdió la mayoría de los cargos disputados en 2017 y 2018.
El enfado social otorgó a los partidos de oposición más alcaldías y asientos en las legislaturas local y federal. Si el Gabinete hiciera eco de esa pluralidad y no fuera ocupado por unas mismas siglas, habría mayor congruencia discursiva y entendimiento con la ciudadanía.
La asistencia al informe de tres exgobernadores previos al desastre del moreirato, uno de los cuales renunció al PRI por la obscena imposición de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano –presentes en la ceremonia– en la jefatura de ese partido, de líderes religiosos y de opinión y de legisladores de oposición refleja los nuevos vientos políticos en Coahuila.
El fracaso del PRI en las últimas elecciones se debe, entre otros factores, al talante faccioso, autoritario, excluyente e iracundo de los Moreira. Riquelme ha mostrado mayor sensibilidad, templanza y oficio político. De haber arrasado en las urnas, quizá hoy su comportamiento sería otro. He ahí la importancia del voto.
Los electores hicieron su parte: sufragaron, protestaron el resultado por las irregularidades evidentes, pero al final aceptaron el fallo del TEPJF, aun dudoso. Son las reglas de la democracia.
Riquelme dice gobernar sin banderías partidistas, puede ser, pero para convencer también debe escuchar el clamor ciudadano de justicia por la megadeuda y las empresas fantasma.
La misma energía contra los agresores de Villa Unión debe aplicarse con quienes provocaron la ruina financiera del estado.