Monterrey, NL.- Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI del Congreso del Estado libre y soberano de Nuevo León exigen al Gobierno de Nuevo León respetar rigurosamente los principios de institucionalidad y de legalidad en el nombramiento del Gobernador Interino.
El Gobierno estatal debe acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que han resuelto claramente que la atribución del nombramiento del Gobernador Interino corresponde exclusivamente al Congreso de Nuevo León.
La interpretación manipulada y engañosa que pretende hacer el Gobierno estatal sobre un mandato legal sólo tiene el objetivo de confundir y polarizar a nuestra sociedad. Actualmente el Estado atraviesa por momentos críticos derivado de diversas malas decisiones y acciones de Samuel García, que generaron un clima de ingobernabilidad y crisis política, por lo que es inaceptable agravar aún más la situación actual mediante una franca violación a nuestra Constitución.
Por otro lado, es de primordial relevancia dar a conocer que el Gobierno estatal ha utilizado el presupuesto para presionar a los municipios. En la Ley de Egresos de 2023 se aprobó un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios en materia de seguridad, infraestructura y movilidad, que continua sin ser liberado, y que el Gobierno del NL pretende utilizar como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un Gobernador Interino.
La omisión deliberada de la entrega de recursos afecta directamente a cientos de miles de personas que no pueden ser rehenes de proyectos políticos personales, como ir a buscar una candidatura presidencial. Esta violación a la Ley de Egresos es un acto
doloso de una preocupante irresponsabilidad social, política y económica que traerá
consecuencias jurídicas.
Una vez más exigimos el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra de quienes no se someten a la voluntad del gobierno estatal, es inadmisible en toda sociedad democrática el amenazar y amedrentar a fuerzas políticas de oposición.
La persecución política en Nuevo León ha sido evidente y los ciudadanos conocen muy bien la campaña de persecución, ataque y desprestigio orquestada desde el Gobierno del Estado.
La designación del Gobernador Interino por parte del Poder legislativo debe ir de la mano con el compromiso de poner fin a la persecución y que se garantice plenamente el respeto a los derechos políticos y humanos.
Aceptar el diálogo no implica un cheque en blanco. Como legisladores de oposición
demandamos un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la
población. La ley no se negocia, la Ley se cumple.