Monterrey, NL.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León hace un urgente llamado al Gobierno del Estado para expresar su voluntad de aceptar la colaboración gratuita, ofrecida por la organización internacional Artículo 19, para crear un protocolo que regule la relación de las fuerzas de seguridad con la prensa y no ser indiferente a los riesgos que viven las personas periodistas.
Lo anterior al concluir el plazo para que la Secretaría de Seguridad del Estado manifieste su disposición de recibir dicha colaboración.
“En la CEDHNL estamos conscientes de la grave situación de seguridad que viven las personas periodistas en Nuevo León; La Organización Internacional Artículo 19 ofreció su colaboración gratuita para crear un protocolo que regule la relación de las fuerzas de seguridad con la prensa, sin embargo, este organismo considera excesivo que después de 85 días, desde que el nuevo Secretario de Seguridad Gerardo Escamilla solicitó una primera prórroga para analizar este ofrecimiento de cooperación internacional, hasta el día de hoy no se ha dado respuesta positiva para iniciar los trabajos que, no generarían ningún costo para el Estado pero sí darían certeza jurídica a la cobertura periodística”, explicó la Presidenta de la Comisión Estatal, Susana Méndez Arrellano.
El proyecto fue gestionado por la CEDHNL, a efecto de ofrecer una opción a la autoridad para dar cumplimiento a una de las medidas de reparación solicitadas el 23 de noviembre de 2023 en la recomendación 06/2023; derivada de hechos en los que, un periodista fue violentado en sus derechos a la libertad de expresión, libertad e integridad personal y libertad de trabajo.
Este Organismo requirió como garantía de no repetición de violaciones a los derechos humanos de las personas periodistas, directrices de actuación para las fuerzas de seguridad. Lo anterior, en la recomendación 03/2021, la cual no fue cumplida por la omisión de la autoridad de atender esta solicitud. Dicha recomendación se emitió el 01 de junio de 2021 al acreditarse hechos violatorios en contra de una mujer periodista que se acercó a entrevistar a unas vecinas que se encontraban en lugares que no estaban acordonados; ante lo cual, cuatro elementos de Fuerza Civil la abordaron, uno de ellos le dijo que le había tomado fotografías, por lo que le pidió su celular para borrarlas y al negarse, la detuvieron, esposaron y trasladaron a una demarcación policial sin garantizar el debido proceso y le tomaron fotografías.
Ayer, 23 de septiembre, se cumplieron 85 días desde que el nuevo Secretario de Seguridad solicitó la primera de múltiples prórrogas para aceptar participar en el citado proyecto; 10 meses desde que se emitió la recomendación 06/2023; y, 3 años, 3 meses y 22 días desde que se requirieron directrices para evitar violaciones a los derechos a humanos de las personas periodistas.
De continuar postergando la realización de este tipo protocolos, y desdeñando la cooperación de organismos internacionales y locales para elaborarlos, prevalecerá el riesgo e incertidumbre que experimenta el gremio periodístico en Nuevo León.