La barbarie vivida por Coahuila en los años más cruentos de la guerra contra los cárteles de la droga, comprendidos entre los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, no figura en las narcoseries donde la ficción y la verdad se confunden.
Empero, el horror está documentado en dos investigaciones: Anatomía de una Masacre, de Ginger Thompson (Premio Pulitzer 2001), difundida por ProPublica y National Geographic en junio de 2017; y Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011 de Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, y Sergio Aguayo, profesor de El Colegio de México e investigador asociado del FXB Centro de Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, presentada en noviembre del mismo año.
Los autores describen el infierno donde murieron y desaparecieron centenares de personas –muchas de ellas inocentes– ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales, en algunos casos por complicidad y en otros por negligencia. En su reportaje, Thompson advierte: “Los registros del Gobierno obtenidos (…) indican que a las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, riñas e ‘invasiones a hogares’ por toda la zona. Los entrevistados señalaron que nadie acudió a ayudar”.
Aguayo y Dayán hallaron respuestas para explicar lo ocurrido. “En un memo de 2003, la DEA aseguraba que los Zetas –entonces brazo armado del Cártel del Golfo– ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras. Para 2010 y 2011 el control sobre el norte de Coahuila era total. Los municipios estaban sometidos. El Gobierno estatal era omiso y algunos de sus funcionarios eran cómplices. La Federación era indiferente y displicente. Todos ignoraban a las víctimas. Lo anterior ya ha sido mencionado por víctimas, periodistas, instituciones gubernamentales, académicos y organismos civiles”.
Sobre la cárcel de Piedras Negras, denuncian: “era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el Gobierno estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos”. Descrito como campo de ejecución y exterminio, la prisión “era uno de los cinco o seis lugares habilitados en Piedras Negras para las ejecuciones y la desaparición de cuerpos. Otros centros de exterminio eran un terreno baldío cercano a la zona llamada Laguito Mexicano y, cerca del penal, un basurero y un campo de futbol”.
¿Dónde estaban las autoridades estatales frente a las masacres en Allende y Piedras Negras?, ¿cuál fue la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, a cargo de Homero Ramos Gloria, y del presidente de esa comisión en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, postulado por el PRI al Gobierno en 2011? Raúl Plascencia tampoco abrió la boca.
La Universidad Autónoma de Coahuila premió el silencio del ombudsman nacional con un doctorado honoris causa, y una vez como expresidente de la CNDH, Plascencia recibió contratos de Moreira cuando por ley estaba impedido.
Para taparle el ojo al macho y darse golpes de pecho, se creó la Academia Interamericana de Derechos Humanos, cuyo presupuesto ascendió a 38.5 millones de pesos en 2018. Nada mal en un estado agobiado por la megadeuda de 37 mil millones de pesos, herencia del moreirato.