La investigación ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer las causas de la explosión del 19 de febrero del 2006 en la Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, debe ayudar a dar certezas y cerrar capítulos de la tragedia más dolorosa de la minería en México.
A 13 años de distancia del accidente, los familiares de los 65 trabajadores muertos—63 de los cuales quedaron sepultados en la mina— no están, con justa razón, satisfechos con los resultados de las investigaciones.
Las familias no están contentas ni con la falta de castigo para los responsables ni con el rol de Industrial Minera México (IMMSA), propietaria del yacimiento, y mucho menos con el papel de comparsa de la empresa y las autoridades jugado en ese entonces por el sindicato presidido por Napoleón Gómez Urrutia.
Tampoco están conformes con la negligencia con que actuaron las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) antes y después de la catástrofe.
De hecho, la recomendación de la CIDH no obedece a otra cosa que a las presiones y a las movilizaciones de los familiares y asociaciones civiles como Familia Pasta de Conchos o la Diócesis de Saltillo, que no han quitado el dedo del renglón y todavía se preguntan qué pasó el 19 de febrero del 2006.
Eso es lo que deberían investigar hoy de manera prioritaria las autoridades de la Cuarta Transformación: las causas que permitan conocer la verdad de los hechos, el deslinde de responsabilidades y la elaboración de protocolos y normativas que eviten nuevas catástrofes en la industria minera.
Frente a la recomendación de la CIDH, de manera sorprendente la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, ha concentrado todos sus esfuerzos y la atención del Gobierno federal en el rescate de los cuerpos que yacen en la mina.
Para dar respuesta a la exigencia de la CIDH, Alcalde Luján ha integrado grupos de trabajo y ha convocado a expertos de Alemania, Estados Unidos, Australia y México para diseñar una “hoja de ruta” para el rescate “con éxito” de los mineros.
La responsable de la política laboral debería tener mucho cuidado con las palabras al hablar de esa misión que no se pudo concretar en el 2006 y que, 13 años después, parecería imposible que pueda llevarse a cabo.
Obviamente la recuperación es la más sentida demanda de los familiares, pero el Gobierno debería afrontar con mucha responsabilidad el caso y no alentar falsas expectativas.
Si bien la esperanza, como reza el dicho popular, es lo último que muere, la Secretaría del Trabajo debería tener en cuenta la información que desde el 2007 alertaba ya sobre la gravedad de los riesgos de un rescate.
Aquel 19 de febrero la Mina 8 de Pasta de Conchos quedó devastada. Una onda expansiva de más de más de 1000 grados centígrados golpeó toda la estructura de soportes, colapsó el sistema de túneles y galerías y terminó con la vida de los trabajadores.
El nivel de destrucción llevó en octubre del 2007 al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un órgano autónomo y de consulta del Poder Ejecutivo, a elaborar un informe que estableció desde entonces que las condiciones de la mina “son inestables e inseguras” debido al mal estado de los soportes y “a la concentración de gases y a la presencia de agua subterránea”.
El Foro concluyó que “el ingreso de personas en las actuales circunstancias compromete significativamente su seguridad e higiene, y es contundentemente desaconsejable”.
Tanto tiempo después las cosas no pueden ser mejores. Alcalde Luján quizá no sabe de lo que habla cuando dice que se va a elaborar con los expertos nacionales y extranjeros un plan de actividades para la recuperación de los cuerpos “para que en el 2020 inicie la fase física del rescate hasta su conclusión”.
Hay una hipótesis técnica que señala que los cuerpos de los trabajadores —que estaban dispersos por todas las galerías y cañones de la mina— fueron pulverizados con la onda de calor. Así que difícilmente va a ver un “rescate hasta su conclusión”. Eso lo sabe o lo debería saber la Secretaria del Trabajo.
Si se pudieron recuperar dos cuerpos en las primeras operaciones fue porque en el momento de la explosión esos dos trabajadores laboraban en la boca de la mina.
La STPS debería concentrarse con la misma fuerza que en el rescate en otros puntos de la recomendación de la CIDH, como ofrecer finalmente una verdad histórica sobre la responsabilidad de funcionarios federales y estatales en el accidente y la presunta negligencia de las actividades oficiales de inspección.
Las condiciones de los equipos de trabajo y las causas de la altísima concentración de gas metano y polvo de carbón, que finalmente fue el origen de la tragedia, y la falta de capacitación de los trabajadores son otros frentes que requieren ser investigados.
En todo tienen plena responsabilidad la empresa de Germán Larrea y el sindicato de Gómez Urrutia, que, de ser un perseguido de la justicia, fue elevado al nivel de un príncipe de la minería con un escaño en el Senado de la República. A empresa y sindicato le correspondían la capacitación, la seguridad y el mantenimiento de los equipos de trabajo.
IMMSA operaba en la mina con 160 trabajadores no sindicalizados de la empresa contratista General de Hulla. Treinta y siete perecieron en el accidente. ¿Por qué había trabajadores subcontratados en un área tan delicada como las actividades del carbón, que requieren de operadores altamente especializados, entrenados y capacitados?
Obviamente fallas humanas generaron la explosión, pero éstas estuvieron precedidas de múltiples factores producto de la negligencia y probablemente de la corrupción. Eso deberían investigar las autoridades de la Cuarta Transformación.
Encontrar la verdad histórica de los hechos es la mejor manera de honrar a las víctimas. Sería lamentable que en un intento de recuperación de los cuerpos hubiera más personas afectadas.
No se vale jugar con los sentimientos ni las falsas esperanzas.
Hacer justicia a la familia minera debería ser una acción menos improbable que encontrar los cuerpos de los trabajadores. Conocer la verdad es lo único que podría atenuar, si eso es posible, el dolor de los mineros.
Galerín de Plomos
Por quinta vez consecutiva Banxico actualizó su pronóstico de crecimiento a la baja para el 2019. Su previsión inicial de una tasa de expansión de entre 2.2 y 3.2 por ciento a inicios de año la redujo a un rango de entre 0.2 y 0.7 por ciento.
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