La crisis derivada del desarrollo de la pandemia COVID-19 ha generado dos grandes preocupaciones en el mundo y en la sociedad mexicana; la de salud, consubstancial al temor de contagiarse por virus; y la otra, el riesgo del deterioro de la economía de cada uno de los habitantes. ¿De qué voy a vivir; qué va a pasar con mi empleo; qué con mi negocio, qué con mis inversiones? son las preguntas que impregnan el ambiente, según en la escala socioeconómica donde te encuentres.
Esta última preocupación ha crecido de tal manera que se presenta, me atrevo a decirlo, como la principal. Primero, porque la mayoría de los mexicanos viven al día. Y segundo, en cuanto al ramo empresarial, las más de las empresas son de naturaleza pequeña y mediana, por lo que no tienen el suficiente capital para subsistir cerradas, ni siquiera por un corto tiempo.
Tal incertidumbre hace necesario, por encima de filias y fobias, que el Gobierno del presidente López Obrador defina e implemente una política económica de Estado que le permita transitar y superar la actual crisis con el menor daño posible para sus ciudadanos. Siempre partiendo de que tanto el Gobierno como su aparato burocrático tienen como una de sus funciones fundamentales la garantía de las condiciones generales y externas que permitan el desarrollo económico del País.
De lo anterior se desprende que en los criterios para la definición de su política debe considerar que el Estado tiene como funciones: asegurar la existencia de la propiedad privada; vigilar y lograr el apego a las reglas de cambio; instaurar reglas de competencia homogéneas; dar protección en el interior y el exterior, así como, garantizar la mano de obra libre necesaria y el establecimiento de la infraestructura que permita condiciones para la producción y el desarrollo económico.
Para dar cumplimiento a sus funciones, el Estado se deberá situar por encima de los inversionistas y de los trabajadores directos. Es decir, deberá ser un órgano de donación y administración externo, con el fin de mantener a ambos polos en el justo medio que permita el desenvolvimiento de las industrias y los negocios.
Considerar además que el Estado está muy cerca del proceso productivo y su actividad no puede ir más lejos de lo que es necesario para un buen funcionamiento de la economía. El Estado, a través de sus agencias concretas, deberá desarrollar un medio ambiente favorable al desarrollo de la economía, mediante la organización de un sistema de crédito, regularización del sistema fiscal y estimular positivamente el desarrollo de los trabajadores.
El Estado, en términos de economía política, deberá actuar, mediante los instrumentos a su alcance, para mejorar la tasa media de ganancia e incidir sobre los costos de producción de los diferentes componentes del capital, al menos en lo que se solventa la etapa critica.
Siempre tomando en cuenta que al expandirse el modelo económico y crearse el mercado mundial, el Estado se convierte en un instrumento que tiene por función garantizar, respecto a otros Estados, las zonas de inversión, de abastecimiento y de flujo necesarias para la reproducción del capital nacional. Y esta función se concreta en políticas proteccionistas, comerciales, fiscales y monetarias.
Por otra parte, al existir una caída de la tendencia a invertir de los empresarios nacionales, el Estado deberá actuar mediante la ampliación de su propio mercado, es decir aumentar el volumen de compra de bienes, realización de obras de infraestructura y dispersión de recursos a través de programas sociales. Se pretende que los gastos del Estado incrementen el mercado interno, así como la productividad y logren el mantenimiento de un sector privado rentable.
El Estado deberá actuar como creador de las condiciones necesarias de infraestructura, tanto en el área de transporte, comunicaciones, bienestar social, salud, como en el área de desarrollo científico y tecnológico, con lo cual se garantizará el desarrollo de las fuerzas productivas.
Por supuesto que la actual crisis traerá consigo un desajuste en las relaciones laborales, despidos de personal en las empresas, etcétera, es en este momento cuando se deberá dar la intervención del Estado a través del establecimiento de procesos legales y administrativos de regulación y de planificación con la finalidad de actualizar la estructura material del aparato de producción, buscando un equilibrio entre sus factores, los empresarios y los trabajadores.
Con el fin de mantener una relación armónica tanto en lo económico como en lo social. que se establecen en el proceso de producción y comercialización, el Estado deberá influir en la redistribución del ingreso, a través de diversos mecanismos como salarios, tasas impositivas y programas sociales que tendrán que llegar a los grupos sociales mas desfavorecidos.
En suma, la acción económica del Estado deberá convertirse en parte integrante del proceso de desarrollo de la nación concurriendo a la dinámica de la producción y la justa distribución de la riqueza.
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