Ningún Gobierno de Coahuila había afrontado una calamidad como la actual. Algunos encararon inundaciones, desastres mineros, crisis regionales por cambios en el modelo de agricultura colectiva y en la industria del acero y la minería de carbón, pero nada comparado con la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Los gobernadores de turno, en la mayoría de los casos, estuvieron a la altura de la circunstancia, salvo uno que utilizó la explosión en la mina Pasta de Conchos para lucrar políticamente.
La situación en los estados la dificultan las herencias –visibles y ocultas– de administraciones ineficientes y corruptas; muchos de ellos cargan deudas monumentales adquiridas en varios sexenios. Coahuila se halla en la misma circunstancia, con la diferencia de que sus obligaciones se dispararon de 323 millones a 38 mil millones de pesos en solo dos años (2009-2010) de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda. El incremento de 11 mil 415% es criminal, pues jamás se informó sobre el volumen de los pasivos, la mitad de los cuales se contrató con documentos falsos. Diez años después, aún se ignora el destino del dinero –los beneficiarios políticos y sus secuaces son de sobra conocidos– y nadie ha sido investigado ni mucho menos procesado.
Sin esa deuda ilegítima –resultado de un Gobierno rapaz y de una banca cómplice e inescrupulosa– la cual absorbe 4 mil millones de pesos al año de intereses, o con una menos gravosa, Coahuila podría afrontar con mayores recursos y menos apremios la pandemia. Apenas el 21 de enero, el gobernador Miguel Riquelme había lanzado una crítica embozada a su predecesor Rubén Moreira, al declarar ante la embajadora de Francia, Anne Grillo, que el Sector Salud volvía a estar de pie –después de una Administración desastrosa– en la que se desviaron 65 millones de pesos en la compra de medicamentos. La situación cambió drásticamente en menos de tres meses debido al coronavirus.
La actitud de Riquelme ha sido responsable y consecuente. Hasta hoy se ha comportado con seriedad y sin excesos de protagonismo; la sociedad lo valora y algunas encuestas lo reflejan. Otros agentes políticos, en cambio, piensan más en su futuro y tratan de lucrar en la emergencia. Las medidas de control han funcionado y la información sobre los contagios y decesos fluye adecuadamente. Crisis como la actual permiten conocer el carácter y la talla real de las autoridades. Los Moreira serán recordados por la megadeuda, las masacres, las empresas fantasma y demás excesos, no por alguna obra o acción de Gobierno.
La circunstancia obliga a dar curso a las denuncias penales para investigar el desvío de más de 3 mil millones de pesos de la deuda, en el Gobierno de Humberto Moreira, y de 475 millones de pesos a empresas fachada en la gestión de Rubén. Recuperar parte de esos caudales permitiría elevar la capacidad de respuesta del Gobierno, equipar hospitales y proteger al personal sanitario. Antes del coronavirus, los coahuilenses pobres eran los principales afectados por las desmesuras del clan. Hoy los empresarios pagan de alguna manera el costo de su silencio y piden ayuda al Gobierno.
Las redes sociales no perdonan… y el Covid-19 tampoco. Desde hace días circulan dos fotografías de Humberto Moreira; en una luce pensativo y en la otra se ríe. A la primera la acompaña una pregunta: “¿Cuál es el colmo de los coahuilenses»”; y a la segunda, la respuesta: “Que todos están encerrados menos yo”. Sin embargo, él no es el único responsable de la crisis, sino también su hermano y sucesor. Rubén utilizó la fuerza del Gobierno para encubrir a su hermano y utilizó el Congreso para legalizar y blanquear la deuda. Si cae uno, debe caer el otro.
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