La igualdad ha vuelto al centro de la escena.
Imaginémosla como el punto de partida
para el tiempo que vendrá. Franco Berardi
Esta semana la Cámara de diputados federales hizo una petición urgente a la presidencia de la República: otorgar un Ingreso Único Vital, temporal y no condicionado de 3 mil 700 pesos a personas desempleadas por la emergencia sanitaria del COVID-19.
Tres diputadas encabezaron la propuesta y en su justificación expusieron que la crisis sanitaria está afectando gravemente a los trabajadores de la economía informal, a las y los empleados del hogar, los comerciantes de abarrotes pequeños y a innumerables empresas de 3 o 5 empleados.
El propósito de la propuesta es reducir los efectos negativos de la emergencia sanitaria y acelerar la reactivación económica, así como evitar que las personas empeoren en su situación de pobreza, que la profundicen o que tomen decisiones que afecten su capital humano, su patrimonio o sus derechos; el programa comprendería a las personas que lo soliciten y no sean beneficiarias de ningún otro programa social ni cuenten con seguridad social.
Las proponentes estiman que el proyecto implicaría un costo perfectamente asequible para un país como el nuestro, ya que éste sería acotado y los beneficiarios estarían claramente definidos, además de que los apoyos se entreguen mediante tarjetas bancarias; el apoyo sería por 3 meses e implicaría un gasto aproximado de 351 mil millones de pesos los cuales podrían conseguirse a través de reasignaciones del presupuesto.
Los ingresos laborales de las 55,683,450 personas que estaban ocupadas a finales del 2019, disminuyeron o se terminaron y el Ingreso Único Vital reduciría los efectos negativos de la pandemia. Además, es indispensable para que la emergencia no condene a la pobreza y a la vulnerabilidad a millones de hogares. Las proponentes tienen en cuenta que al menos el 30 por ciento de los hogares mexicanos están jefaturados por una mujer, que por condiciones de género tiene mayores problemas para acceder a ingresos, lo hacen en la informalidad y en medio de la precariedad.
La mayoría de los trabajadores mexicanos tienen condiciones laborales precarias. El 74 por ciento del total de los empleados pertenece a una de las siguientes poblaciones vulnerables: personas trabajadoras por cuenta propia, quienes laboran sin remuneración (mujeres), personas dueñas de un micronegocio o personas asalariadas sin contrato o con contrato por obra determinada. La mayoría de estos segmentos tienen fuentes de ingreso poco estables que corren el riesgo de ser eliminadas en esta crisis.
Las diputadas subrayan que aún en el sector formal los efectos de la crisis están presentes, ya que según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), “abril podría haber cerrado con una baja laboral de 744 mil 225 empleos (formales)”. Además, los empleos se están perdiendo sobre todo en los rangos salariales más bajos y en las edades más jóvenes, lo cual puede mermar sus carreras laborales durante un tiempo considerable, estiman que al menos el 16 por ciento de los hogares reciben un 50 por ciento de ingreso en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia.
El Ingreso Único Vital, es una propuesta humanitaria, no es posible abandonar a su suerte a los millones de trabajadores mexicanos que ahora enfrentan el confinamiento y saben que cuando se dé el fiat para regresar al trabajo posiblemente no lo tendrán porque su empresa cerró y no se sabe si reabrirá, la incertidumbre es una enfermedad emocional sin cura, porque no es posible contemplar a la familia hambrienta, sin recursos para ir a la escuela y sin poder sostener los servicios de agua, luz y gas a fin de asegurar una vida digna.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autora, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx.