El cambio de partido en la Presidencia de la República después del monopolio priista de 71 años, no sólo liberó fuerzas políticas locales devenidas en cacicazgos, sino también otras que devastaron al País: las del crimen organizado, antes concentradas en un puñado de estados como los del triángulo dorado (Durango, Chihuahua y Sinaloa), Jalisco, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
En una conferencia en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, atribuyó el desbordamiento de la violencia urbana, en el Gobierno de Felipe Calderón, a la cancelación de acuerdos que los presidentes del PRI tenían con el narco para señalar las rutas de la droga. Acaso por sentirse aludido, el expresidente Carlos Salinas lo refutó de inmediato.
Rizo formó parte de los círculos de estudios espartaquistas inspirados en el marxismo-leninismo, vinculados con la guerrilla urbana de Monterrey. El 18 de abril de 1996, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, renunció a la gubernatura en medio de escándalos de corrupción, agravados por el asesinato del controvertido abogado Leopoldo Real. El 23 de abril de 2011, Sócrates explicó así la relación estado-narco en los tiempos del PRI:
“(Antes) se tenía resuelto el problema del tránsito (de droga), pero (entonces) había un control (…) había un estado fuerte y un Presidente fuerte y una Procuraduría fuerte y había un control del Ejercito férreo. De alguna manera les decían (a los capos): “Tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí”, pero no me toques estos lugares”.
Según el exlíder del PRI en Nuevo León, la “paz” se rompió cuando Vicente Fox y Felipe Calderón no siguieron la misma estrategia ni tomaron en cuenta consejos y experiencias del viejo régimen, lo cual provocó que se “aflojaran los mecanismos de disciplina y de control, por lo que ahora vemos los resultados” (Proceso, 23.04.11).
El vacío lo llenaron los gobernadores. Liberados de la férula presidencial, abrieron sus estados a los cárteles y empezaron a lavar dinero, a financiar campañas políticas y a acrecentar sus propias haciendas. En Coahuila hubo un cártel dominante. Así lo consigna el análisis, Control… Sobre todo, el estado de Coahuila, basado en testimonios en juicios contra integrantes de los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río Texas. El estudio, elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, contó con la colaboración del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, fundado por el obispo Raúl Vera López. El trabajo se presentó en Estados Unidos el 6 noviembre de 2017, antes del último informe de Rubén Moreira.
Quince días después, el académico Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, profesor en materia de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad en la Universidad Iberoamericana, dieron a conocer, en el Colegio de México, la investigación, El Yugo Zeta en el Norte de Coahuila, 2010-2011. Promotores de los derechos humanos, Dayan y Aguayo describen las masacres en Allende y en Piedras Negras, ocultadas por el Gobierno del Estado.
“…el penal de Piedras Negras era un virtual campo de exterminio. A ello se sumaba que el Gobierno estatal era omiso y, algunos de sus funcionarios, incluso cómplices. La Federación se mostraba indiferente y displicente, en un ambiente en que la mayoría ignoraba a las víctimas” (Proceso, 21.11.17).
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