Paralelo a esa narrativa mediática amloísta que sitúa a organizaciones de la sociedad civil del lado de “los neoliberales, conservadores, y fifís”; AMLO ha demolido, poco a poco, a los organismos públicos autónomos y sus políticas públicas.
Hoy tiene el control incondicional de la CNDH con Rosario Piedra; el Sistema Nacional Anticorrupción fue reemplazado por la Unidad de Investigación Financiera de Santiago Nieto; el INE será tomado por asalto con el relevo de 4 consejeros electorales en 2020; el INAI pasó a 3er plano y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa perdió su función estratégica con la nueva Reforma Educativa negociada con la CNTE.
Hoy, AMLO tiene también subordinados incondicionales al mando de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
No contento con ejercer un control personalista y autoritario de esos Organismos Públicos Autónomos –pensados para acotar los excesos de la autoridad presidencial desde una perspectiva ciudadana–, AMLO ha sido negligente ante la muerte de 4 medioambientalistas defensores de causas de pueblos campesinos y originarios desde su arribo al poder.
Entonces, ¿dónde queda la participación ciudadana con incidencia en políticas públicas bajo la 4T? ¿Cuál es su destino cuando además de ser calumniada y denostada por AMLO, ha sido absorbida y reducida a la categoría de pueblo?
La participación ciudadana, en el sentido tradicional y estricto del término, no existirá bajo un régimen populista autoritario como el de AMLO.
Esta será reemplazada por ejercicios populares de democracia directa, faltos de validez jurídica, como las consultas para cancelar el Metrobús, aprobar el Tren Maya o reprobar el NAICM.
Por estas razones, la participación ciudadana exige su reinvención ante los retos del entorno amloísta.
Pero ¿sobrevivirá cuando su florecimiento ocurre mayormente en regímenes democráticos abiertos a la gobernanza compartida entre Gobierno y ciudadanía?
(Continuará)