En la conferencia diaria de actualización del Covid-19 del pasado viernes, el doctor José Luis Alomía presentó un dato que hasta ahora no se conocía: en las semanas pasadas los laboratorios privados certificados en el País detectaron 16,450 casos positivos de Covid, sin embargo dicha cifra no se ha sumado a los 47,144 casos positivos oficiales detectados por laboratorios públicos.
Mencionaron que es posible que algunos de estos casos también hayan recibido un diagnóstico positivo de un laboratorio público, y que por tanto podrían estar ya contabilizados o no, pero reconocen que no pueden determinar con claridad dicho porcentaje.
Al tiempo se justificó que estos casos no se han sumado debido a que los laboratorios privados no resguardan los nombres de los pacientes, no verifican síntomas y no le dan seguimiento a los casos.
Lo anterior, por decir lo menos, es absurdo aún cuando sea cierto, porque cabría preguntarse si el propio Gobierno Federal autorizó a estos laboratorios privados a hacer pruebas y por tanto sabía que casos positivos se podían detectar a través de los mismos.
Resulta inexplicable que a ningún funcionario se le ocurriera la necesidad de diseñar un procedimiento para incorporar estos casos a la estadística, darle seguimiento médico a los casos positivos, y cuando estas personas acudan después a centros de salud evitar la duplicidad de datos.
Qué le costaba al Gobierno condicionar la autorización de los laboratorios privados a que se comprometieran a seguir ese procedimiento.
Ahora, después de más de dos meses y medio de contingencia sanitaria, nos enteramos que tenemos un subregistro muy grande de casos, que nadie le dio seguimiento a los mismos, que apenas están pensando la forma de tomarlos en cuenta y que verán la manera de identificar casos duplicados.
En resumen, un completo desastre, que genera mucha incertidumbre acerca de la solidez del trabajo realizado por la Secretaría de Salud Federal.
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