Los gobernadores han tenido un desempeño decoroso en la emergencia sanitaria por el coronavirus. El presidente López Obrador no les estorba, pero tampoco los apoya. Después de sexenios de discrecionalidad, derroche y endeudamiento en los estados, el mensaje es claro: “rásquense con sus propia uñas”. Los predecesores de los mandatarios actuales las utilizaron para improvisar fortunas. Algunos están en prisión o permanecen prófugos; otros gozan de fuero y viven de las rentas como si tal cosa, mientras la Fiscalía General de la República mira para otro lado.
La corrupción es deleznable en cualquier ámbito, pero en el sector salud se cobra vidas. En Veracruz se inyectaba agua destilada a niños con cáncer en vez de quimioterapia; en Chihuahua y Coahuila se inauguraron hospitales sin estar terminados ni equipados; en Atlacomulco, Estado de México, se inició la construcción de un centro de especialidades por encima de la demanda regional para halagar al hijo predilecto de ese municipio: Enrique Peña Nieto.
Eso no es todo: de los 362 hospitales y unidades médicas inacabados en el Gobierno de Peña Nieto, “160 obras (…) no podrán ponerse en funcionamiento, ya que, de hacerlo, sería un riesgo para el personal y los usuarios, revela un estudio de la Secretaría de Salud entregado al presidente López Obrador a mediados del año pasado” (El Universal, 29.05.19). Los centros médicos de Atlacomulco, Pachuca y Ciudad Acuña (Coahuila) ya deberían estar en servicio, según el documento.
El Hospital General de Ciudad Acuña, cuya capacidad será para 90 camas, “inició hace dos años, pero hasta principios de 2019 solo reportaba un avance del 26 por ciento. El monto de la inversión es de 551 millones 400 mil pesos”, dice la nota. Antes de concluir su mandato, el gobernador Rubén Moreira inauguró el Hospital Oncológico y el Materno Infantil de Saltillo; tampoco estaban terminados. “El priista no pagó a las constructoras que, a su vez, dejaron ambas obras inconclusas” (Reforma, 27.01.20). La historia se repitió en el Hospital General de Torreón.
Rubén Moreira cambió de secretarios de Salud, como de calcetines. Empezó Bertha Castellanos y terminó Jorge Verástegui (licenciado en Ciencias de la Comunicación y exfuncionario de Grupo Industrial Saltillo). Entre ellos, despacharon José Lauro Cortés y Héctor Mario Zapata. En 23 de junio de 2018, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó denuncias penales por el desvío de 410 millones de pesos a empresas fantasma durante los ejercicios de 2014 a 2016. Según el informe de la ASE, más de 71 millones de pesos se pagaron a la empresa Riviera Álamo, vinculada a la exsecretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis.
La ASE también denunció irregularidades por 64.5 millones de pesos en la compra de medicamentos entre 2015 y 2016, periodo que comprende las gestiones de Zapata y Verástegui. Ninguno de los responsables ha sido investigado, entre otras razones porque el Sistema Anticorrupción lo controlan secuaces de Rubén Moreira. Los servicios de salud en el país y en el estado estaban en crisis antes del coronavirus, y con la pandemia terminaron de colapsar. Al escribir estas líneas, el coronavirus ya había causado 38 muertes en el estado.
Rubén Moreira “es el verdadero responsable” del desvío de 474.5 millones de pesos a empresas fantasma y para la supuesta compra de medicamentos en la Secretaría de Salud, acusa Jesús de León, líder estatal del PAN.
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