Monterrey, Nuevo León.- La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, Susana Méndez Arellano, consideró que el acceso al agua no debe estar condicionado ya que es un derecho fundamental, por lo que cualquier medida coercitiva debe considerar las necesidades básicas de las personas, en cumplimiento al «derecho al mínimo vital».
La titular del Organismo se manifestó en contra del anuncio que realizó Agua y Drenaje de Monterrey sobre la medida para reducir el suministro a sólo cuatro horas diarias en los hogares de personas usuarias con adeudos. Explicó que el acceso al mínimo vital de agua en los hogares asciende, al menos, a 50 litros diarios por persona.
Al hacer referencia a los cobros realizados bajo el concepto de “Cobro Expediente” explicó que cada cobro que se realice debe estar debidamente fundamentado y seguir protocolos claros. No puede ser producto del criterio unilateral de la autoridad. De lo contrario, el cobro sería ilegal, indebido y arbitrario.
Méndez Arellano lamentó la falta de compromiso de las autoridades con el respeto a los derechos humanos de la población, asimismo señaló que las personas afectadas, por estas medidas, tienen la posibilidad de promover un amparo ante las instancias federales.
La Ombudsperson enfatizó que, en todo momento, la CEDHNL, ofrece orientación y apoyo a quienes deseen iniciar este procedimiento.