En medio de la presión por el tiroteo en el Colegio Cervantes, en Torreón, el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, se sacó un as de la manga: inculpar al abuelo del niño agresor (ambos de nombre José Ángel) por el asesinato de la profesora María Assaff Medina.
Esto, en virtud de “haber asumido una conducta omisiva (…) siendo negligente en la tenencia de armas de fuego en el domicilio (…) donde habitualmente cohabitaba con un menor de edad”.
La figura está tipificada en el Código Penal del Estado, pero su aplicación, por excepcional, generó controversia.
La primera reacción fue de enfado y perplejidad por el aparente abuso, pues a la pena familiar por la muerte de José Ángel, se sumaba la detención del abuelo, quien fue vinculado a proceso el 19 de enero.
En un país donde uno de los recursos más socorridos para desviar la atención de asuntos espinosos y proteger a políticos venales y a delincuentes de cuello blanco, consiste en tender cortinas de humo, resultaba lógico pensar que José Ángel, el dueño de las armas usadas para asesinar a Assaff y herir a cinco alumnos y a un entrenador, sería la cabeza de turco del Gobierno.
El crimen por omisión atribuido a José Ángel “N”, no es una invención del fiscal. Pero en un sistema donde los delitos de acción pocas veces se castigan y casos como la megadeuda, las empresas fantasma y las masacres en Allende y Piedras Negras, registradas en el Gobierno de Humberto y Rubén Moreira, han sido olímpicamente ignorados por la justicia local y federal, el escepticismo social y de los medios de comunicación resulta explicable.
“Para los políticos siempre es importante culpar a alguien, a quien sea, en los casos con gran repercusión en los medios. Todo sea para evitar que la gente responsabilice al Gobierno. Por eso el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, culpó primero a un videojuego del asesinato de una maestra (…). Como la gente no quedó convencida, la Fiscalía General de Coahuila ha detenido al abuelo, quien con la abuela se hacía cargo del pequeño tras la muerte de la madre y la ausencia del padre”, escribe Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate titulada Culpar al Abuelo (Reforma, 15.01.20).
Paco Calderón incluyó el tema en su historieta dominical de Reforma (12.01.20) con un dibujo donde el Gobernador atribuye la tragedia a un videojuego. En el cartón de Monsi, una niña que observa a un político con un saco repleto de dinero a sus espaldas, marcado con la palabra “megadeuda” y el logotipo del PRI, exclama: “¿Mochila segura? ¡Mejor un bolsillo seguro para gobernantes!” (Milenio, 16.01.20).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le dio un respiro a las autoridades de Coahuila al informar que las cuentas de los abuelos y el padre del niño serían bloqueadas en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. La UIF reveló que el abuelo, identificado como José Ángel Ramos Saucedo, “tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas” (Reforma, 15.01.20).
Según expedientes judiciales de Argentina, entre 2007 y 2008, Ramos Saucedo habría conocido al narcotraficante Mario Roberto Segovia, quien se convirtió en uno de los principales importadores de precursores químicos a México para producir “cristal” tras la captura del empresario chino Zhenli Ye Gon. (Proceso, 20.01.20).
Finalmente, el Gobierno y la Fiscalía salieron bien librados. Actuar pronto –como en Villa Unión– evitó una crisis mayor.
El siguiente paso consiste en evitar que tragedias como la del Cervantes se repitan.