Coahuila lidia con una de sus peores crisis y sin la posibilidad de contratar deuda a largo plazo como lo hacen otras entidades para afrontar la emergencia sanitaria y económica por el coronavirus. Entre enero y mayo la banca prestó 13 mil 327 millones de pesos a estados y municipios. Michoacán (PRD) y Oaxaca (PRI) concentraron 57% de los créditos (Secretaría de Hacienda). La enfermedad por Covid-19 ya le ha costado a Coahuila alrededor de 800 millones de pesos, lo cual presiona aún más las finanzas, pues no estaban presupuestados.
El gasto aumentará en los próximos meses, ya que el virus, lejos de ceder, registra rebrotes y apenas estamos a mediados de año. Nuevo León llevaba ejercidos hasta mayo más de mil millones de pesos, una tercera parte del requerimiento anual. A la pandemia se suma un problema político: la Comisión Anticorrupción del Congreso ha ignorado la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez y al secretario de Gobierno, Manuel González, por utilizar recursos públicos para recabar firmas que le permitieron al Bronco contender como candidato independiente en la elección presidencial de 2018. Rodríguez tampoco ha transparentado el desembolso extraordinario en salud.
En el caso de Coahuila, jamás habían concurrido tantos conflictos en un mismo sexenio. Si la deuda de 36 mil millones de pesos -herencia del moreirato- asfixiaba las finanzas y maniataba a la administración de Miguel Riquelme para emprender proyectos sin los cuales la competitividad del estado está comprometida, el coronavirus y la falta de apoyo federal obligarán a modificar la ruta de los tres próximos años. Adicionalmente, las crisis en las regiones Centro y Carbonífera por el colapso de Altos Hornos de México y la cancelación de contratos para surtir carbón a la CFE, agravan el escenario.
Cuando la deuda empezó a devorar 4 mil millones de pesos anuales por concepto de intereses, la capacidad para atender demandas sociales y de infraestructura disminuyó drásticamente incluso en sectores prioritarios como el de salud, del cual se desviaron 65 millones de pesos a negocios fachada en el sexenio pasado. Entonces se empezó a poner mayor énfasis en la promoción económica para atraer empleos cuya generación corresponde a las empresas nacionales y extranjeras. La tarea del Gobierno consiste en construir confianza, seguridad e infraestructura.
Otro de los efectos del coronavirus es la destrucción masiva de fuentes de trabajo. De acuerdo con Alejandro Dávila y Miriam Valdés, investigadores nacionales del Conacyt, Coahuila perderá 158 mil 586 puestos debido al desplome de la producción industrial, equivalente a 10.1% del personal ocupado a principios de año (Espacio 4, 639). El debilitamiento de la economía tendrá consecuencias en el bienestar de miles de familias y en los índices delictivos.
El fenómeno sacude al país y al mundo, pero estados como el nuestro, altamente endeudados y con sistemas de salud utilizados en los últimos sexenios como caja chica y para favorecer a contratistas de otras entidades, afines al poder, lo resienten con más rigor. Las múltiples crisis colocan al Gobierno y al estado en una situación inédita. Humberto y Rubén Moreira no solo arruinaron lo construido por administraciones responsables, también condenaron a varias generaciones a décadas de angustia y privación. Riquelme ha mostrado mesura y liderazgo y eso ayuda.
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