La frase ¡hágase tu voluntad de los bueyes de mi compadre!, describe a la perfección la posición del Gobierno Federal en estas fechas, ya que por un lado ante la pandemia del COVID-19 le exige a la empresas no despedir a ningún trabajador y no recortar su salario, asumiendo todos los costos, y por el otro, al comienzo de su gestión el Ejecutivo Federal ordenó el despido de 113 mil empleados públicos, en un momento menos crítico del actual, y ahora también propone una reducción “voluntaria” del 25% de los salarios para los funcionarios de subdirector para arriba, así como la eliminación de su aguinaldo.
Es decir, por un lado, pide la solidaridad de los empresarios y hasta los amenazan con sanciones en caso de que realicen despidos o recorten salarios, y por otro hace exactamente lo mismo que exige que no se haga.
Algunos de ustedes podrán aducir que los recortes son una necesidad para hacer frente a la difícil situación que vive el País, y pueden tener razón, pero en ese caso también sería valido que las empresas puedan hacer ajustes por la difícil situación, por tanto, si se trata de ser solidarios y aguantar, la carga debería ser compartida.
También se podrá sostener que, en el caso del Gobierno Federal, la rebaja de salario es voluntaria. Sin embargo, hay suficientes ejemplos en el País para saber que esos recortes «voluntarios» suelen ir acompañados de fuertes presiones, basta recordar los gobiernos que hacen descuentos “voluntarios” a favor de algún partido político y casualmente casi la totalidad de la plantilla se suma “gustosa” a la medida.
Lo cierto es que el Gobierno Federal actúa en contra de la Ley, vulnera los derechos laborales de los funcionarios, como si éstos no se hubieran programado ya en sus finanzas, como si no tuvieran proyectos o responsabilidades qué atender.
No es justo ni correcto, en un período de crisis, exigirles a los funcionarios un mayor esfuerzo y a la vez cortar las prestaciones y remuneraciones a las que tienen derecho.
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