El costo de la democracia en México es proporcional al tamaño de la desconfianza ciudadana fundada en la cultura del fraude. Gonzalo N. Santos cuenta con sorna, en sus Memorias, cómo se las apañaba el partido fundado por Plutarco Elías Calles para detentar la Presidencia.
En 1940, el cacique potosino dirigió una de las operaciones para imponer a sangre y fuego a Manuel Ávila Camacho. “A las 4:30 reiniciaron las balaceras. Bombas, gas lacrimógeno, intervinieron las ametralladoras. Tropas federales, la caballería, las policías, todos participaron en la matanza. El primer resultado, decididamente incompleto: 48 muertos, 400 heridos” (Time Magazine, 15.07.40/ Wikipedia).
Pocas elecciones presidenciales estuvieron exentas de sospecha en el periodo de 1929 a 2012. La de Vicente Fox, en 2000, fue una de ellas. La gente festejó en las calles la primera alternancia y la caída del PRI después de 70 años de “dictadura perfecta”, como la denominó Mario Vargas Llosa.
En 2006, las vacilaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) arraigaron la idea de que el triunfo de Felipe Calderón, por un margen de 243 mil 934 votos (0.56%), había sido fraudulento. Peña Nieto ganó por una diferencia de 3.3 millones de sufragios, pero tampoco convenció.
“Este es uno de los fraudes más documentados de la historia de México. Todos lo vimos (…) el PRI gastó, por lo menos, 4 mil 599 millones de pesos; siendo que el tope para la campaña es de 360 millones (…) el IFE hizo transmutación biológica: se hizo pato y se hizo güey”, declaró el caricaturista Rafael Barajas, “El Fisgón” (La Jornada, 24.08.12).
Elogiado en el mundo seis años antes por haber dirigido la alternancia bajo la batuta de José Woldenberg, el IFE cayó en el descrédito. El enfado social, las movilizaciones del excandidato Andrés Manuel López Obrador y una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para “fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales”, provocaron la destitución del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y de cinco consejeros.
El conflicto socavó la confianza en la institución, admite Ugalde en su libro Así lo Viví. Refiere las presiones de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes habían boicoteado la candidatura de López Obrador; de Manlio Fabio Beltrones, representante del candidato del PRI, Roberto Madrazo; y de los grupos de izquierda adictos a AMLO. Todo el mundo quería llevar agua a su molino.
Después de los años 70, los presidentes surgidos de procesos antidemocráticos (López Portillo fue el único candidato), inequitativos (tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el aparato se volcó con Ernesto Zedillo) o bajo alguna modalidad de fraude (Salinas de Gortari y Calderón) emprendieron reformas políticas. Peña Nieto no fue la excepción: sustituyó al IFE por el Instituto Nacional Electoral (INE). El órgano tiene autoridad en todo el país y facultades para organizar e incluso atraer elecciones locales.
El INE también nombra a los consejeros de los institutos estatales (Oples), impuestos antes por los gobernadores a través de los congresos, y fiscaliza el manejo financiero de los partidos a escala federal y local durante las campañas. Hacerlo hasta el final, como ocurría en el pasado, le permitió a Peña Nieto y a los candidatos a Gobernador exceder los gastos de campaña sin ser sancionados. El INE está hoy en el punto de mira del presidente López Obrador.
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