En el marco de la ceremonia por el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la necesidad de autocrítica. “En los últimos tiempos, y yo respeto otras opiniones, pero desde mi concepción, durante todo el periodo neoliberal, en vez de avanzar, retrocedimos en cuanto a los derechos establecidos en la Constitución. No se legisló en favor del pueblo de México, se legisló en favor de las minorías y se entregaron bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros; hubo graves retrocesos.
Por eso, cuando se hablaba de que se hacía necesaria, después de nuestro triunfo, proponer una nueva Constitución, lo pensamos, porque todas las reformas que se hicieron en 36 años fueron para ajustar el marco legal en beneficio de las minorías, no para defender al pueblo ni hacer valer nuestra soberanía.»
Pero, para el presidente, el tener una nueva Constitución “nos hubiese desgastado, nos hubiese confrontado, no hubiésemos avanzado.”
Es por ello que se optó por reformar buscando los equilibrios, también la conciliación. Y se avanzó en reformas muy importantes.
“Imagínense para la justicia social lo que significa que en la Constitución se haya establecido —la Constitución vigente— el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión para niñas, niños con discapacidad; el que se haya elevado a rango constitucional el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca para estudiar; el derecho del pueblo a la salud, que esto se haya logrado al reformar el artículo 4º constitucional, lo que hicieron los legisladores; y que, además, se haya escrito en un transitorio de la Constitución que no deben de reducirse los presupuestos destinados a garantizar estos derechos”. Eso fue un avance importantísimo, de acuerdo a López Obrador.
Lo mismo, “el que se haya logrado reformar el artículo 28 para que se considere prohibida la condonación de impuestos, que era un abuso, una gran injusticia, que la mayoría de los mexicanos, los más pobres, estaban obligados a pagar sus impuestos; todos pagaban impuestos, todos, porque hasta el que compra una mercancía tiene que pagar un impuesto; pero las grandes corporaciones empresariales, financieras, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos”.
Además, señaló muy importante también elevar a rango constitucional el castigo a los corruptos, porque “se llegó incluso durante todo el periodo neoliberal a hablar de transparencia, se crearon institutos para garantizar la transparencia, institutos anticorrupción, pero la corrupción no estaba tipificada como delito grave; incluso, se había llevado a cabo de manera deliberada una reforma al Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Entonces, ahora es distinto, es delito grave la corrupción, sin el derecho a fianza”.
Para él ha sido muy importante también “que se llevara a cabo una reforma para quitar los fueros, en especial al presidente, que pueda ser juzgado el presidente de la República en funciones por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Esto venía desde la Constitución del 57 y, a pesar de la Revolución, se mantuvo en la Constitución del 17 el fuero presidencial”.
Entre otras reformas aprobadas en su gobierno, destacó la de revocación del mandato, que se va a llevar a la práctica por primera vez el día 10 de abril.
“Independientemente del resultado, es establecer el hábito democrático. No olvidar que el pueblo es el soberano, que se tiene que mandar obedeciendo, que en la democracia el pueblo manda; que, así como nos ponen, nos pueden quitar los ciudadanos. Esto se ha logrado en los últimos tiempos”.
El presidente, en el mismo evento enumeró algunas otras reformas constitucionales que vienen en su gobierno.
Por el momento “se está buscando convencer, persuadir de la necesidad de que se reforme la Constitución para fortalecer la industria eléctrica nacional, porque evidentemente hay un desbalance, no hay equilibrios”.
Para tal reforma el presidente parte de la premisa de que en la reforma energética anterior se le dio todos los privilegios a las empresas particulares al grado de que, “si esto no lo resolvemos, desaparece la Comisión Federal de Electricidad. Porque hasta para despachar la energía se le dio preferencia para subir la energía a las líneas de transmisión a las empresas extranjeras, y se llegó al extremo de que no se considera energía limpia la que se produce en las hidroeléctricas, que son las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando es la energía más limpia y más barata”.
Según su diagnóstico, todo esto se dio “para favorecer a particulares, que eran los que dominaban en el país, porque no había en ese sentido una separación entre el poder económico y el poder político”.
Su propuesta es que, sin extremismos, se resuelva este asunto, que se mantenga la equidad, 46 por ciento del mercado eléctrico para las empresas privadas, 54 para la Comisión Federal de Electricidad.
Pidió no olvidar “que un gran presidente, Adolfo López Mateos, tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica y, entre otras razones o como parte de su fundamento, es que el sector particular, las empresas privadas, no consideraban negocio electrificar los pueblos. Un poco lo que sucede con el internet: tenemos señal en las grandes ciudades y en los pueblos apartados no hay señal porque no es negocio”.
Argumentó que “en 1960, Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, y Adolfo López Mateos, toman la decisión de nacionalizar la industria eléctrica para electrificar los pueblos, y gracias a eso se electrificó todo el país, porque no prevalecía el lucro, sino el servicio público”.
Por ello, ahora “es lo que ahora estamos buscando, el que podamos equilibrar y proteger esta empresa pública, esta empresa de todos los mexicanos, de los consumidores domésticos, pero también de los empresarios”.
Planteó la necesidad de “poner orden en el caos que significó el entregar concesiones a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta el interés general, el interés público, el interés de los mexicanos”.
Como siguiente propuesta, señaló la iniciativa, que es también para debatirse, de una reforma electoral “para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales, ya que se termine con eso, todo un periodo vergonzoso que se padeció en nuestro país”.
Con el fin de que “tengamos jueces, autoridades imparciales en lo electoral, que no haya fraudes, que las elecciones sean limpias, sean libres, como lo pedía el presidente Madero, Apóstol de la Democracia. No consejeros, magistrados, empleados del presidente o de los partidos, sino autoridades verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad con voluntad, con vocación democrática. Nos podemos poner de acuerdo con eso”.
“Seguir el ejemplo, ni siquiera de países europeos o de otras naciones o potencias, el ejemplo de Costa Rica, de cómo tienen resuelto, desde hace mucho tiempo, todo lo relacionado con los procesos electorales. No saben de fraude, no saben de compra de voto y se respetan las decisiones de las autoridades electorales. Eso lo podemos lograr, un poder verdaderamente independiente para que se haga valer la democracia”.
Y ya, por último, habló de consolidar la Guardia Nacional. Para tal efecto, opinó que “es una institución que nos hace falta a todos. Cuando se creó se contó con el apoyo de todos los partidos representados en el Congreso, por unanimidad se aprobó la creación de la Guardia Nacional”.
“Pero yo tengo la preocupación —porque tenemos que pensar en instituciones que puedan servir no un sexenio, no una década, sino varias décadas, más cuando se trata de la protección del pueblo, de garantizar la paz y la tranquilidad—, y tengo la preocupación de que, si no dejamos esta institución consolidada y queda suelta, como quedó en su tiempo la Policía Federal Preventiva, se puede echar a perder y necesitamos que la Guardia Nacional —es mi propuesta— dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de una institución profesional, de una institución con disciplina, de una institución que desde que surgió precisamente durante la Revolución ha actuado con lealtad al pueblo de México”.
Esas son algunas reformas que López Obrador ve y propone en el horizonte de su periodo de gobierno. Sin embargo, el presidente tendrá que considerar que para llevar adelante sus reformas deberá de contar no solo con el apoyo de sus correligionarios y sus partidos simpatizantes; ya que, incluso con ellos y su esfuerzo, no conseguirá nada sin contar con el apoyo, al menos pasivo, de millones de mexicanos.
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