Morena apuntó al asiento G-218 y hacia la capital de Morelos para señalar a los culpables de la ruina financiera de Coahuila y de la penuria del Gobierno para afrontar no solo la emergencia por el coronavirus, sino otros apremios en infraestructura y empleo. En busca de recursos económicos, Miguel Riquelme y sus homólogos de Nuevo León y Tamaulipas, a quienes se unieron después los de Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Durango, insisten en reformar la Ley de Coordinación Fiscal.
Los diputados de Morena Diego del Bosque, Melba Farías, Miroslava Sánchez y Luis Fernando Salazar dirigieron una carta al Gobernador, el 20 de abril, donde lamentan que él y sus pares «hayan elegido este particular momento nacional para manifestar una posición controversial respecto al federalismo, postura que muy lejos está de ser responsable, a la altura de las circunstancias actuales».
El pacto fiscal y otros temas -dicen- puede discutirse y ser analizado, pero exhortan a una «reflexión seria» y a que «el debate (…) sea alejado de posiciones sensacionalistas, demagógicas y/o electoreras». La afirmación según la cual «el norte mantiene al sur» -apuntan- combina «ignorancia y prejuicios» no compartidos por «la mayoría de la población a lo largo del territorio nacional».
En un tono comedido y respetuoso hacia Riquelme, los legisladores de Saltillo, Monclova y Torreón advierten que la situación financiera del estado obedece al «evidente e inadecuado manejo de recursos, endeudamiento desmesurado e ilegal; limitados o nulos esfuerzos por tener gobiernos austeros en el estado y sus municipios (…), temas que deben ser atendidos antes de fomentar irresponsablemente» la división entre mexicanos, «en medio del reto sanitario y económico más grande de la historia moderna del país (…)».
El grupo propone revisar seria y exhaustivamente «el destino de los recursos ejercidos en el marco estatal. No debemos olvidar que anteriores gobiernos de Coahuila (los de Humberto y Rubén Moreira) han desarrollado una administración pública con un manejo irresponsable de las finanzas, lo que ha dado lugar a la contratación de deuda pública en forma insostenible y por medio de actos ilegales -incluida la falsificación de documentos como se acreditó en tribunales-, al mismo tiempo que persiste opacidad respecto al destino de dichos recursos. (…) Por lo tanto, el mal manejo de recursos y la corrupción puede convertirse en un barril sin fondo para cual ningún presupuesto o pacto federal es suficiente (sic)».
En ese contexto, el diputado panista Gerardo Aguado pidió al Gobernador diferir el pago de intereses de la deuda por el tiempo que dure la crisis del coronavirus. El servicio de la deuda absorberá 4 mil 104 millones de pesos este año -3 mil 375 millones corresponden a intereses-. «Dadas las circunstancias actuales (…) este apoyo (…) es necesario e indispensable para atemperar las graves condiciones que se nos avecinan», subraya.
El pasivo estatal -herencia de los Moreira- se mantiene en 36 mil millones de pesos, por los cuales se han pagado alrededor de 20 mil millones de intereses. «Ahora le toca a los bancos acreedores acudir en apoyo del pueblo y Gobierno de Coahuila, con la legítima declaratoria de mora del pago de la deuda», dijo el legislador lagunero. La administración no ha fijado su postura sobre los planteamientos de Morena y el PAN. La curul G-218 la ocupa Rubén Moreira, quien encubrió la megadeuda contraída por su hermano Humberto, quien reside en Cuernavaca.
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