El pasado mes de diciembre, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Torreón Román Cepeda, resolvieron en apariencia sus desencuentros políticos que ponían en riesgo la gobernabilidad de la comarca lagunera de Coahuila y que tendían, con fuerza, a abrir las puertas al crimen organizado en esa región.
Pero de repente, el cielo del semi desierto coahuilense cayó en pedazos para destazar con sus agudos filos ese acuerdo decembrino entre Manolo y Román.
La causa fue el desalojo del ejido Nuevo Mieleras por parte de la policía municipal el pasado 7 de abril, que derivó en un enfrentamiento con ejidatarios y ocasionó la muerte de una persona por parte de un elemento del Grupo de Reacción Torreón.
Desde el desalojo del ejido Nuevo Mieleras, el gobierno estatal desató una embestida brutal contra la presidencia municipal para debilitarla y tomarla por asalto con la salida de César Perales, Comisario de la Policía Municipal y también, eventualmente, la de Román Cepeda, alcalde de Torreón.
En su avorazamiento, sin embargo, las más altas autoridades estatales involucradas dejaron cabos sueltos que los desnudan y los comprometen en su delirante esfuerzo.
1er cabo suelto: La instrucción del desalojo del predio de 99 hectáreas llamado Nuevo Mieleras proviene del Poder Judicial liderado por Miguel Mery Ayup a través del Juez Tercero de 1ª Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón. Casualmente, el demandante del desalojo, Juan Manuel Muñoz Luévano, posee vínculos familiares con Mery Ayup.
2º cabo suelto: El notario Erik Osiris Rodríguez Huitrón, notario 68, “avaló en 2021 la posesión del terreno a los habitantes de Nuevo Mieleras sin dar parte a la Dirección de Notarías, a cargo de Enrique Flores, cuando el predio de 100 hectáreas tenía dueño, al parecer, Muñoz Luévano” (El Coahuilense: 8-04-2025).
Distintas fuentes señalan que Rodríguez Huitrón tiene fuertes vínculos con personajes de la élite política coahuilense actual.
3er cabo suelto: El oficio del Juez Tercero de 1ª Instancia en Materia Civil fechado el 3 de abril de este año, indica la participación en el desalojo del comandante de la Agencia de Investigación Criminal y/o comandante de la policía civil de Coahuila y/o C. Director de la seguridad pública municipal. Empero, solo éste último atendió la solicitud.
¿Fue falta de comunicación entre corporaciones o una emboscada para calentar la embestida contra la presidencia municipal de Torreón?
(Continuará)