¿Cuándo vigilar y cuidar el medio ambiente se volvió una actividad riesgosa y hasta mortal?
El Siglo 21 se ha distinguido por presentar este fenómeno, los asesinatos de defensores ambientalistas y de la tierra crecen. En el mundo, en Latinoamérica y en México estos activistas están en riesgo de perder la vida. Proyectos como la minería, la silvicultura, agroindustria y presas hidroeléctricas han sido detectadas como áreas peligrosas ligadas a grandes intereses económicos que son apoyadas por empresas de seguridad pública.
Las zonas de mayor riesgo se han localizado en Honduras, en primer lugar, ahí en 4 años (2010-2014) se presentaron 114 asesinatos, uno de los más significativos fue el de Bertha Cáceres, galardonada con el Premio Goldman, conocido como el «Nobel del Medio Ambiente», además la mayor parte de las víctimas son indígenas.
En México, la minería es la principal actividad con la que se relacionan los casos de violencia en las comunidades, seguida por proyectos de infraestructura.
Las historias de los luchadores ambientales son ignoradas, olvidadas o silenciadas por los principales medios de comunicación norteamericanos, porque estas personas muchas veces luchan contra las corporaciones estadounidenses.
Global Witness inició sus investigaciones sobre el tema en 2012, e informa que las corporaciones están recurriendo a las demandas civiles, criminalizan cada vez más en todo el mundo a los activistas ambientales, mediante “el uso y abuso de leyes y políticas” para intimidar a defensores, familias y comunidades.
Isidro Baldenegro López, luchador social, indígena tarahumara que recibió el Premio Goldman 2005 para Norteamérica, fue asesinado (2017) en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, pero la Fiscalía General del Estado no registró el crimen, fue su familia la que denunció.
Isidro fue defensor de la tierra y encarcelado por su trabajo, y como él varios de sus hermanos son perseguidos por participar en cierres de carreteras contra los camiones que transportan la madera de la tala de árboles, prohibida desde 2002, también una mujer y su hijo, defensores de los árboles fueron asesinados en el mismo municipio (2019).
El año pasado, José Luis Álvarez fue asesinado en Palenque, Chis., tras haber denunciado la extracción ilegal de arena del Río Usumacinta. Hechos como estos en diversas ocasiones no son registrados, de manera que permanecen en la obscuridad y la impunidad.
Hasta la ONU ha intervenido en México a favor de defensores del agua, cuando 6 indígenas fueron sentenciados sin pruebas a 50 años de cárcel, sin seguir el debido proceso jurídico en Tlanixco, Edomex.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que los estados de mayor peligro para los defensores del medio ambiente son el Edomex, Sonora y Oaxaca. Ahí defender la biodiversidad de la Tierra puede ser un peligro de muerte.
La minería ocupa el 1er. lugar en conflictos ambientales, la agroindustria está en 2º y la defensa del agua en 3º, los ataques en contra de mujeres defensoras van en aumento ya que la migración rural masculina suele incrementarse quedando la tierra y el agua a cargo de mujeres y niños.
Coahuila no ha estado exento de despojos, los campesinos de la Región Carbonífera, del Ejido Cuauhtémoc, denunciaron despojo de tierras (23-6-16) en el que participaron notarios, dependencias como la Sedatu, el Registro Agrario Nacional y otras dependencias del Gobierno del Estado, y la terrible destrucción del Ejido Gabino Vázquez en 2015, son ejemplos emblemáticos.
Las autoridades civiles y la fuerza pública están obligadas a adoptar una conducta conforme al estándar de debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de los líderes sociales y defensores de derechos ambientales en el País.