Si a México se le calificara por los políticos y funcionarios deshonestos juzgados en el último medio siglo y por las riquezas confiscadas, sería uno de los países menos corruptos del planeta. Pero con tanto pillo suelto, es el paraíso de la impunidad. Castigar a los venales todavía es la excepción y no la regla. Las primeras detenciones relevantes ocurrieron en el Gobierno de José López Portillo y las continuaron sus herederos priistas. Sin embargo, la mayoría de las veces el escarmiento era por venganza, para intimidar a grupos políticos y económicos contrarios, no por justicia.
Poco después de dejar el poder, Gustavo Díaz Ordaz, quien padecía de la vista, declaró en Guadalajara: “Veo dos presidentes”. El formal, José López Portillo (JLP); y el “de facto”, Luis Echeverría. JLP tomó nota y envió a prisión a Félix Barra García, exsecretario de la Reforma Agraria; Eugenio Méndez Docurro, de Comunicaciones; Fausto Cantú Peña, exdirector del Instituto Mexicano del Café; y Alfredo Ríos Camarena, extitular del Fideicomiso de Bahía de Banderas, cercanos a su predecesor. Después salieron libres. Díaz Ordaz fue nombrado embajador en España, y Echeverría desterrado a Australia con el mismo cargo.
El jurista Raúl F. Cárdenas advirtió sobre uno de los casos: “Pueden apreciarse los argumentos absurdos del juez, que tratándose de delitos en los que intervinieron factores de carácter político caracterizados los argumentos excepcionalmente extraños y rebuscados en que se apoyó para dictar sentencias que no tenía absolutamente ningún fundamento ni razón de ser… Además el ingeniero Méndez Docurro no dispuso para sí o para otro de cosa alguna, sino para cubrir con la aprobación de la Secretaría de Hacienda faltantes del propio Estado”
(Primera Plana, 30.08.19).
La corrupción creció como la espuma sexenio tras sexenio –patente y procaz–, fuesen políticos o tecnócratas quienes ocuparan la Silla del Águila. Miguel de la Madrid quiso plasmar el enfado social en su lema de campaña: “Por la Renovación Moral de la Sociedad”. Empero la venalidad estaba en la élite política. Al principio de su Gobierno encarceló a dos amigos de JLP: Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, quien le disputó la candidatura presidencial, y Arturo Durazo, exjefe de Policía del Distrito Federal.
En su libro autobiográfico Yo, Jorge Díaz Serrano, escrito en prisión, denuncia: “He sido víctima de una persecución innoble que desacreditó a sus autores ante la opinión pública nacional y extranjera. Esa torpeza puso en evidencia que a pesar de lo mucho que México haya progresado en lo material, quienes lo gobernaron en el pasado sexenio, no obstante sus méritos académicos, no alcanzaron la madurez emocional suficiente para frenar sus elementales pasiones” (Roberto Zamarripa, Reforma, 27.07.20).
El perfil encaja con el de quien pudo haber urdido la venganza: Carlos Salinas de Gortari. Pues de haber sido Díaz Serrano el candidato, él jamás hubiera sido Presidente. Tras la postulación de De la Madrid, quien, como Díaz Ordaz con respecto de Echeverría, se arrepintió de haber preferido a Salinas, el exdirector de Pemex fue exiliado en Rusia como embajador.
Regresó a México para ser candidato a senador y posteriormente desaforado y sentenciado a cinco años de prisión. A diferencia de Díaz Serrano, el juicio contra Durazo, extraditado de Puerto Rico, era un clamor general. Además de su enriquecimiento obsceno, se le acusó de contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad por la desaparición y asesinato de presuntos delincuentes.
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