Las elecciones mexicanas de 2018 fueron las menos reñidas de la historia reciente de México. También las menos impugnadas.
Los analistas Jorge Buendía y Javier Márquez han señalado que la victoria de López Obrador se empezó a perfilar mucho antes de la elección. Tuvo a su favor el desencanto ciudadano con los gobiernos previos, especialmente el de Peña Nieto. AMLO recogió gran parte de los votos que el PRI dilapidó, pero también mostró una capacidad de inclusión de la que había carecido anteriormente: incorporó a cuadros de otras fuerzas políticas, se reunió con empresarios prominentes, moderó sus posturas y desplantes, en suma, hizo una muy buena campaña.
Al iniciar las precampañas AMLO ya era el candidato a vencer. Eran evidentes los cambios en el comportamiento electoral de los mexicanos: AMLO tenía amplio respaldo en regiones y grupos sociodemográficos que antes le habían volteado la espalda. Y durante la campaña consolidó y amplió las simpatías que crecían desde tiempo atrás. Si en el pasado su candidatura había dividido al país y a la sociedad, para el día de los comicios contaba con amplio respaldo en todos los estados y entre los principales grupos socioeconómicos. Entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sin estudios o con carrera universitaria, en el norte y en el sur.
Uno de los aspectos más llamativos de esta elección es cómo AMLO cambió su posicionamiento. Históricamente dividía a la población. Un tercio de los ciudadanos lo aprobaba mientras que un tercio lo rechazaba y el resto mantenía una postura relativamente neutral. Esto empezó a cambiar desde finales de 2017 cuando sus positivos mejoraron sustantivamente (aunque sus negativos se mantuvieron). Una vez iniciada la precampaña, el rechazo a su persona disminuyó. Para enero de 2018, 49% tenía ya una buena imagen de López Obrador y sólo 25% tenía la opinión contraria (balance de +24). Su imagen era mucho mejor que la de sus rivales.
Este excelente posicionamiento fue sin duda un factor que le permitió tender puentes con diferentes segmentos del electorado y así captar a los votantes de Anaya que después desertaron. De hecho, la encuesta de Reforma de febrero de 2018 reportó que los votantes de Anaya preferían a AMLO sobre Meade en una proporción de dos a uno (y los lopezobradoristas tenían como segunda preferencia a Anaya sobre Meade). (2018: ¿Por qué el tsunami? | Nexos)
En 2018 era tal el enojo que la gente decía: ‘no sólo no voy a votar por ellos (llámese PRI, PAN, PRD, empresarios, líderes sindicales y jerarcas católicos), sino que además voy a votar por el que más les duele, por el que más afecte sus privilegios’.
Desde entonces, el partido Morena ha seguido incrementando su poder territorial, el cual no ha dejado de crecer desde ese año, cuando además de ganar la Presidencia, ganó sus primeras 5 entidades.
Con los resultados de las elecciones de 2023, Morena tendrá ya 22 gobiernos locales, además de un estado más que está bajo un partido aliado: San Luis Potosí, con su gobierno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabezado por Ricardo Gallardo.
Del resto de los estados, 5 son gobernados por el PAN y el PRI se quedará sólo con 2, mismo número que tiene Movimiento Ciudadano (MC).
Este es el escenario político en el que México llegará a las elecciones de 2024, en las que además del próximo titular de la Presidencia, se elegirán:
128 senadores
500 diputados federales
9 gubernaturas
31 congresos locales
1580 ayuntamientos
16 alcaldías
24 juntas municipales
Dice el Maestro Roberto Salcedo que la participación política comprende una gama de acciones diversas: atención a la información política en los medios masivos, discusión política dentro del seno familiar o en el centro de trabajo, proselitismo espontáneo sin intención, voto en las elecciones, acción comunitaria, asistencia a actos políticos, relaciones con políticos y funcionarios públicos, aportación de fondos a causas políticas, militancia partidista, trabajo de partido, realización de tareas de campaña, entre otras.
Estas formas de acción política de los electores conducen, de algún modo, a orientar su voto. La participación política está impulsada por el interés propio, el sentido del deber ciudadano, el impacto percibido del gobierno sobre la vida propia, el sentido de eficacia política de la acción personal, el conocimiento de las opciones políticas disponibles. La gente vota, hace campaña, se manifiesta, hace huelga o mítines porque piensa que el gobierno puede solucionar algún problema individual o de grupo.
El modo como se llevan a cabo todas estas tareas también califica la participación política y puede variar de ser completamente racional, abierta, partidista, sistemática, activa y comprometida, a sólo ser fruto de las circunstancias y emociones del momento o de la manipulación; asimismo, puede dirigirse al mantenimiento del statu quo u orientarse al cambio.
En estos tiempos debemos reflexionar y tener claro que sin la participación ciudadana no podremos revitalizar y oxigenar el sistema democrático. México necesita hoy en día un sistema democrático renovado, que cuente, entre sus ingredientes, con la aceptación del pluralismo y de la diversidad; tolerancia y diálogo; autonomía de la política, respeto y responsabilidad institucional.
Por ello es importante que la participación ciudadana trascienda a las formas de acción política de los electores que conducen, de algún modo, a orientar su voto.
Es decir, que vayan más allá de la coyuntura electoral y que se vuelva una exigencia permanente de instrumentos y motivación para participar. Porque sólo abriendo las instituciones se puede generar una participación eficaz. Solo así se conseguirá que la ciudadanía confíe en la acción de gobierno y colabore con ella .
Los ciudadanos con su acción cotidiana y permanente deberán exigir que sí se revisen y se reforme el actuar de los poderes públicos y sus instituciones autónomas, pero para fortalecerlas y lograr que cumplan cabalmente sus funciones.
Todo lo anterior para lograr, entre otras cosas, un gobierno autónomo frente a los poderes e intereses que no están legitimados por la voluntad popular; que garantice la provisión de los bienes públicos esenciales; que respete a la oposición y preserve los equilibrios institucionales y la autonomía de los poderes del Estado y de los organismos autónomos y sea un leal dialogante con las autoridades locales; que favorezca la trasparencia y responda ante los ciudadanos, rinda cuenta de su gestión, asuma sus responsabilidades y de la cara y resultados en los momentos de crisis.
@Pepevegasicilia josevega@nuestrarevista.com.mx
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