Imaginemos por un momento que la Federación Mexicana de Fútbol decide que los árbitros de cada torneo los elijan por votación los aficionados de los equipos, el resultado previsible es que las escuadras con más hinchas como el América o Chivas pondrían a los árbitros y que éstos tendrían la propensión a favorecer a los clubs que los hicieron llegar.
Es decir, un escenario con árbitros parciales y piso desnivelado. Si la idea anterior les sonó absurda, es muchísimo más grave la propuesta presidencial de someter a los consejeros y magistrados electorales a votación popular, porque su principal atributo que es la imparcialidad se comprometería de origen al tener que llegar a arreglos con los partidos, para movilizar votos a su favor y llegar al cargo.
Es decir, los partidos en la práctica movilizarán votantes para hacer llegar a sus favoritos como consejeros electorales y éstos que le deberán su cargo a las estructuras de los partidos, serán los encargados de vigilar los procesos electorales.
Ello sin mencionar escenarios como el de que si alguno de los consejeros electos cometió en el proceso actos indebidos o recibió financiamiento ilícito. Se trata por tanto, de un esquema que promueve la contaminación del árbitro electoral.
Además, tenemos que considerar que ser consejero es un cargo técnico, las personas más populares no son siempre las más capacitadas, también suena complicado que la ciudadanía pueda tener elementos para analizar un gran número de perfiles, lo que inclinaría los votos hacia quienes tienen más relación con los partidos, es decir, habría un sesgo natural para elegir a los más parciales, en detrimento de los más imparciales.
Por eso sostengo que lo planteado por el Presidente es un completo disparate, que lejos de fortalecer la democracia o a las instituciones electorales, acabaría con ellas, acentuando mucho más el problema que se quiere resolver, las conexiones de los consejeros con los partidos.
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